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El martes 22 de septiembre tuvo lugar un encuentro sobre “ley de libertad religiosa” convocado por el CALIR, Consejo Argentino para la Libertad Religiosa, en el Salón Auditorio de la UADE, Universidad Argentina de la Empresa, cedido para ese fin. El encuentro contó con una asistencia aproximada superior a un centenar de personas. En la Argentina rige una ley de culto, 21475, que fue sancionada en 1978 al comienzo mismo de la dictadura presidida entonces por el general Videla. Esta ley se basa en el espíritu de la seguridad nacional y la percepción de las religiones situadas fuera del campo católico como sectas que representan un peligro a vigilar y controlar. Uno de sus dispositivos técnicos es precisamente un registro nacional de los cultos, conocido como el “fichero de culto”. Este enfoque de los cultos religiosos tiene un precedente muy similar cuando surgieron en 1946 y 1948 el dispositivo de control y el sistema normativo que edifican un cerco alrededor de los cultos no católicos. En ese momento comenzaba la primera presidencia del general Perón, elegido por el voto popular, y rodeado por un influyente círculo de nacionalistas católicos, algunos de ellos de muy sólida formación intelectual. Aquella historia tuvo sin embargo un curso diferente, que no debemos olvidar, cuando a partir de 1952 las relaciones del régimen de Perón con la Iglesia Católica se tornaron tensas y hostiles. La legislación actual sin embargo no es todo lo maligna que podría ser, debido a que existe una aplicación morigerada de la misma desde la presidencia de Raúl Alfonsín en 1983. En este sentido el escenario no ha cambiado y todas las opiniones al respecto coinciden. Pero si hubiesen las condiciones políticas necesarias, la ley podría muy bien servir para establecer un régimen de discriminación ostensible hacia el amplio arco actual de los cultos no católicos, entre los cuales los evangélicos constituyen la primera minoría del país, de notable significación. El núcleo de sustentación del sistema normativo se encuentra sin embargo en el segundo artículo de la Constitución Nacional de la Argentina. Mientras el primero afirma que la Argentina es una república representativa y federal, ya el segundo afirma que el Estado sustenta el culto católico, pero no define si en sentido económico o moral. De hecho la Iglesia Católica se ha ganado un espacio en el país, además de contar con ese privilegio, por su propio mérito, basado en una notable orientación al activismo en la sociedad civil, el Estado, la educación y la cultura, aunque muchos de sus clérigos, obispos y laicos han sido netamente reaccionarios desde el punto de vista de su orientación hacia los valores de la Modernidad, y otros inversamente se inclinaron hacia el liberalismo, la Teología Latinoamericana o las manifestaciones carismáticas y de adoración de los santos de gran adhesión popular. En este contexto, el motivo de la convocatoria del CALIR fue discutir el proyecto de nueva ley de culto promovido por la Diputada Nacional Cynthia Hotton. El proyecto de dicha legisladora, como ella bien lo remarca, se basa notablemente en el que el CALIR redactó entre los años 1999-2001, cuando sus componentes formaban un cuerpo asesor de la Secretaría de Culto. La Diputada Hotton hizo a su vez una consulta de otras propuestas legislativas, y trabajó con asesoramiento jurídico para llegar a su propuesta. El principal valor del trabajo de la legisladora ha consistido sin embargo – y en este punto existe una común opinión entre la mayoría de los interesados en el tema – en el rol que de hecho ha cumplido como una catalizadora de fuerzas que de otro modo se hallarían más dispersas. Gracias a la actividad de la legisladora Hotton, hoy su proyecto es el único que tiene estado parlamentario desde el año 1998, y sobre el mismo se cristaliza la participación de representantes de diversas perspectivas. Es lo que de hecho tuvo lugar en el foro convocado por el CALIR. El encuentro fue moderado por Waldo Villalpando, doctor en Derecho, de tradición evangélica metodista, e integrante del Consejo Directivo del CALIR. Con Villalpando colaboró en la distribución de las participaciones de panelistas y público, Octavio Lo Prete, abogado y profesor especializado en derecho eclesiástico de Estado. Antes de las disertaciones, se dirigió al público el vicepresidente del Consejo de Administración de la UADE, Dr. Arturo Lisdero, en representación de la institución que cedió el espacio para el encuentro y los recursos tecnológicos de audio y video. Durante el primer panel expuso Norberto Padilla, abogado constitucionalista, ex Secretario de Culto, con una vasta experiencia en la Secretaría de Culto desde el comienzo de la gestión democrática del país con la presidencia de Raúl Alfonsín. Padilla trazó un panorama histórico y estado de la situación desde la década del 40, y los desarrollos específicos que tuvieron lugar durante la presidencia de Arturo Frondizi, el gobierno de facto presidido por Videla, y los posteriores gobiernos democráticos. A continuación la legisladora Hotton expuso los puntos centrales de su proyecto de “libertad e igualdad religiosa”. Cynthia Hotton, proveniente de la tradición religiosa evangélica de los “hermanos libres”, puso énfasis en el aspecto político de la gestión del proyecto, orientada a logar que definitivamente una propuesta quede instalada en un ámbito de discusión del Estado. En ese sentido existen tres caminos posibles, explicó, que la norma sea propuesta por el Poder Ejecutivo, por el Poder Legislativo o por organizaciones particulares, que de todos modos deben acceder a los dos espacios institucionales previamente nombrados. La legisladora trabajó para conseguir que una formulación de la ley surgiese desde la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto del Congreso de la Nación, de la cual es una de sus vocales, a partir de su formación como economista especializada en comercio internacional. Posteriormente el Embajador Juan Laureano Landaburu, Subsecretario de Culto, con formación en derecho, expuso el punto de vista del área de gobierno que representa, a favor de una legislación que suplante a la carente de legitimidad de origen que sin embargo todavía subsiste. Landaburu presentó el proyecto actual de la Secretaría de Culto y los principios que lo sustentan, expuestos en el “mensaje de elevación”. De este modo quedó claro que en la actualidad existen dos proyectos a discutir, el de la legisladora Cynthia Hotton, que tuvo una primera fase de análisis en la Comisión de Relaciones exteriores y Culto del Congreso, y el de la Secretaría de Culto. Entre los dos proyectos existen varios notables puntos de convergencia y puntos específicos que necesitarían un debate. Este panel fue cerrado con la presentación de Juan Navarro Floria, abogado y profesor universitario especialista en derecho eclesiástico de Estado, en la Secretaría de Culto tuvo una notable actuación desde el comienzo del gobierno de Raúl Alfonsín hasta el año 2001. Actualmente Navarro Floria es el presidente del CALIR. Su ponencia, a partir del concepto de que el régimen legal actual “agravia a la Constitución nacional”, consistió en un análisis técnico detallado de puntos de divergencia con la propuesta de Cynthia Hotton. En cada momento de su análisis, Juan Navarro Floria presentó una formulación diferente al texto de la diputada Hotton. Sus aportaciones más importantes estuvieron dirigidas a garantizar la autonomía de las entidades religiosas en cuanto al manejo de su vida interna en términos doctrinales e institucionales, y hacia el respeto a la objeción de conciencia institucional. Navarro Floria toma en cuenta notablemente los avances existentes en la legislación comparada y en particular la de España. Posteriormente en un segundo momento del encuentro, hablaron en breves intervenciones, representantes de federaciones religiosas e iglesias: los pastores Lisandro Orlov, Carlos Ahuban, Antonio Roque Santillán, Rubén Proietti, los abogados Ricardo Docampo, Raúl Scialabba, David Frol y el escribano Luis Pla. De hecho todos pertenecían a confesiones evangélicas, aunque diversas entre sí en términos de sus tradiciones teológicas y modos de relación con temas de carácter político y social. En este sentido es posible clasificar las intervenciones como procedentes del ámbito de las iglesias evangélicas del protestantismo histórico de origen luterano-calvinista, de las iglesias evangelicales (en este caso de los bautistas y hermanos libres), de las pentecostales y de los más conocidos como “mormones”, a rigor constituyentes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días. Tanto Docampo como Frol y Scialabba pertenecen además al CALIR, y el último de los nombrados fue su presidente electo hasta la asunción del cargo Juan Navarro Floria, en diciembre del 2008. Desde los pentecostales la principal intervención fue en nombre de la Confraternidad de Líderes Cristianos, de la ciudad de Rosario, localidad muy notoria en el ámbito argentino, por tratarse de un ámbito administrado por políticos del partido socialista, y haber desarrollado un propio cuerpo normativo en materia religiosa de notorio espíritu democrático. Las ponencias de este bloque hallaron un punto de convergencia dominante en la idea de que la actual situación jurídica crea un estatus de desigualdad entre las iglesias y constituye a las no católicas, y en particular a las evangélicas, en una condición de “ciudadanía de segunda”. Varias intervenciones acentuaron que es necesaria una irrestricta libertad religiosa (Scialabba, Docampo, Pla) y que lo más importante sería la afirmación de un sistema de personería jurídica religiosa (Docampo) dado que en la actualidad las confesiones no católicas deben adaptarse al régimen de las sociedades civiles, igual que los clubes y otras entidades. Lisandro Orlov sostuvo que en el fondo cualquier variante de legislación esconde “el fichero religioso” del Estado. Pero las condiciones de hecho del sistema jurídico argentino hacen necesaria la existencia de una ley y en tal sentido resulta evidente un consenso en dirección a la formulación de una nueva legislación. En el tercer panel intervinieron oradores con formación en teología y sociología, que estudian las iglesias evangélicas en la sociedad Argentina. Raúl Rocha Gutiérrez, quien es además profesor del Seminario Internacional Teológico Bautista, remarcó la necesidad de una salida gradualista y pragmática, en el sentido de aceptar un avance por pasos. Es necesario producir una nueva legislación, aunque no sea la mejor de todas las posibles. A mi turno, remarqué el hecho de que estábamos hablando de un eufemismo al restringir el discurso formalmente al término “libertad de culto”, porque en la Argentina dicha libertad existe, debido al empleo morigerado de la ley de culto que actualmente tiene vigencia. Pero el problema real es el de la igualdad de culto y la mejor salida sería una nueva ley. Sostuve que los principales obstáculos para que en el ámbito legislativo no haya tenido lugar la discusión de una ley de culto, se encuentran en las actitudes más radicales de algunos minoritarios exponentes tanto de tendencias católicas como evangélicas. En tal sentido creo que el avance concreto actual se encuentra en el hecho de que una propuesta, con independencia de su calidad, está vigente en el ámbito legislativo, otra está en proceso de cierre de su elaboración en la Secretaría de Culto, y existe una disposición a discutir el tema de parte de diversos actores interesados en el problema, a partir de unos puntos básicos bastante consensuados.+ (PE) (*) Doctor en Sociología. Socio fundador e integrante de la Asamblea Directiva del Consejo Argentino para la Libertad Religiosa , CALIR. Asesor experto en iglesias evangélicas de la Secretaría de Culto de la Cancillería 1999-2001. Miembro de la Asociación de Cientistas Sociales de la Religión en el Mercosur, Red Latinoamericana de Estudios Pentecostales, y Programa Latinoamericano de Estudios Socio-Religiosos. fuente:AGENCIA DE NOTICIAS PRENSA ECUMENICA |
